“Gracias al trabajo con el Ministerio de Justicia, con la cancillería y con el Fondo Nacional de Estupefacientes, la JIFE amplió de 1,2 a 14 toneladas el cupo anual de Colombia para el consumo interno de cannabis medicinal”, dijo el funcionario en el marco del Primer Foro de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis (Asocolcanna), que se lleva a cabo en Bogotá.

El pasado 21 de agosto se supo que la JIFE había autorizado a Colombia únicamente un cupo de 1,2 toneladas de aceite de cannabis frente a la solicitud de 47 toneladas que presentó el Gobierno, lo que generó nerviosismo en el sector debido a las inversiones realizadas por multinacionales y productores nacionales.

La ampliación está enfocada en la flor seca de cannabis, que contiene los cannabinoides que componen el aceite de la planta, con el cual se pueden elaborar medicamentos.

Asimismo, indicó que “ahora todo queda en manos de la industria del cannabis y toda su capacidad de desarrollo de forma ordenada, formal y rigurosa para exportar y ser una potencia del cannabis medicinal”.

Un reciente estudio realizado por los exministros de Hacienda colombianos Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry y Tomás González reveló que Colombia puede obtener ingresos por ventas internas y exportaciones de productos derivados del cannabis por cerca de 6.000 millones de dólares por año.

Sin embargo, para alcanzar esa cifra Colombia deberá adecuar un promedio de 1.558 hectáreas para la siembra del producto, lo que generaría al menos 20.000 nuevos empleos.

Según indicó el ministro Uribe, el Gobierno colombiano ha expedido 135 licencias y dado cupos iniciales de investigación y exportación, por lo que ahora evalúa cómo agilizar los procesos para que la respuesta sea más efectiva.

“Entre agosto de 2017 y 2018 recibíamos más de 10 solicitudes de licencias por mes. Un año después se dispararon a 37 por mes, casi 400% más. A ese crecimiento estamos respondiendo con un plan de choque para poner al día esas solicitudes”, precisó el ministro.

El Gobierno trabaja en actualizar el marco normativo, fortalecer la capacidad de vigilancia y control, y reducir los riesgos de ilegalidad, concluyó.