Impulsan nueva regulación para el Cannabis medicinal
Publicado por Página 12, link original:
Con este proyecto el oficialismo buscará avanzar con una ley que contempla al autocultivo como una pieza importante para la práctica médica. Sobre este punto, el proyecto es muy claro para definir al autocultivo: “Es el que las personas usuarias de cannabis medicinal, terapéutico y/o paliativo realizan para sí, para terceras personas, familiares o allegadas”. Además, contempla el cultivo que es llevado “comunitariamente por usuarios o sus familiares y/o allegados, para uso personal o de la persona allegada, con el objeto de compartir costos, saberes y tareas”.
Con esta nueva ley “van a poder cultivar y producir las propias personas y sus familiares. También es una manera de generar desarrollo económico en distintas provincias, donde hoy en día no se garantiza el acceso”, explicó Gaillard en diálogo con Página/12. De este modo, se prevé la creación de la figura del “cultivador/a solidario/a”, los clubes de cultivo y el cultivo con fines de producción o comercialización de cannabis para la salud.
En la redacción de este proyecto también participó la ONG Mamá Cultiva Argentina, que desde hace varios años lucha para darle un marco legal al autocultivo para la salud. “Como madres cultivadoras vemos necesaria una nueva ley que abra el juego a la sociedad civil y a las organizaciones proponiendo también la regulación del cultivo en red”, expresó la presidenta de esta organización, Valeria Salech. En la misma línea, destacó la importancia de reconocer “el trabajo colectivo que venimos llevando a cabo, sin importar nuestras capacidades productivas, sino mirando el beneficio que generamos”. “Esto es de abajo hacia arriba, desde la horizontalidad de las prácticas en torno a lo terapéutico, empoderando a les usuaries y fortaleciendo lo comunitario”, agregó. También participaron de la redacción de la incitativa la Red de Cannabis Medicinal del CONICET (RACME) y la Cámara Argentina de Cannabis.
En la presentación del proyecto estuvieron las firmas de distintas diputadas y diputados del bloque oficialista y de Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica, junto a la de Gaillard. Entre los acompañamientos de la bancada del Frente de Todos se destaca de la vice jefa, Cecilia Moreau, y de la secretaria parlamentaria, Cristina Álvarez Rodríguez. En el sector saben que tanto Máximo Kirchner, como el titular de la Cámara, Sergio Massa, apoyan la medida y por eso confían que tendrá importancia dentro de la agenda de la Cámara baja. Las comisiones de Salud y Legislación Penal se pondrían a trabajar en este proyecto a mediados de noviembre con otros proyectos ya definidos.
En 2017 el Congreso aprobó con un fuerte respaldo político una ley para regularizar el cannabis medicinal. Sin embargo, la gestión de Mauricio Macri dilató su reglamentación. Aun en estos días la implementación de aquella ley “no funciona bien en todo el país. Todavía se persigue esta práctica y en muchas provincias no hubo ningún avance”, explicaron a este diario quienes estuvieron a cargo de la redacción del nuevo proyecto. “Aquella ley tiene limitaciones. Por eso desde el Congreso se busca crear un marco legal acorde a las necesidades de todo el país para su desarrollo, de manera de permitir el cultivo, la producción, la comercialización y exportación” aseguró Gaillard.
Entre los principales puntos de la iniciativa que ingresó este viernes a la Cámara baja se destaca la creación del Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis (IRCA). Con esto se “buscará promover la investigación y el desarrollo científico del cannabis para la salud”, explicaron en el entorno de Gaillard. Además, el nuevo organismo descentralizado del Ministerio de Producción “tendrá delegaciones en cada una de las provincia para garantizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país”.
Otro de los objetivos es el de promover el “desarrollo de la industria nacional vinculada al cannabis y sus derivados para uso medicinal, terapéutico y/o paliativo”, precisa en el artículo 3 del proyecto. Para esto se darán licencias para producción y para importación y exportación, ambas estarán a cargo de la autoridad de aplicación. Sobre la primera, el texto legislativo indica que se pedirán “requisitos y costos acordes al tamaño del emprendimiento, con montos diferenciales según sean Pymes o grandes industrias, y estableciendo tasas sociales cuando se trate de emprendimientos vinculados al asociativismo y economía social”.
Sobre el comercio exterior de estos productos se remarca que las importaciones “serán concedidas con carácter excepcional, siempre que respondan a criterios vinculados a la escasez o dificultades en el mercado interno al acceso”. Así, en el Frente de Todos se ilusionan con que esta ley sea “una fuente de generación de empleo genuino y potencialmente de ingresos de divisas a nuestro país”.
