El movimiento cannábico, integrado por unas 1.700 entidades en todo el estado, cree que con la formación del gobierno de coalición entre PSOE y Podemos ha llegado la hora de abordar definitivamente la regularización del cannabis en España. De momento, las principales organizaciones del sector están trabajando para alcanzar una propuesta conjunta que presentarían en mayo a los grupos parlamentarios del Congreso con el fin de impulsar los cambios legislativos que ya se han llevado a cabo en países como Canadá, Estados Unidos o Uruguay para despenalizar la marihuana.

El Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo de Cannabis, un grupo español de expertos del ámbito jurídico, sanitario y otras disciplinas, es el que ha dado los primeros pasos para emprender de forma decidida lo que se presume una larga batalla para lograr la regularización en España. No en vano, esta organización mantuvo una reunión en junio del año pasado con representantes de una docena de formaciones políticas en el Congreso de los Diputados para presentarles una propuesta sobre regulación integral del cultivo, tras la cual, y por recomendación de algunos de los grupos parlamentarios, decidió elaborar una propuesta de ley específica sobre cannabis medicinal, que era la que veían más viable entonces.

La propuesta de ley elaborada por el Observatorio consta de 123 artículos, seis disposiciones adicionales y cuatro finales, en los que se regula el cultivo de la planta destinada a uso medicinal y terapéutico, el acceso a las semillas, la distribución de su producción, las asociaciones de usuarios y un amplio régimen sancionador para las infracciones de esta normativa. En el preámbulo, los redactores aclaran que esta propuesta es consecuencia de “la falta de una regulación completa y actualizada” sobre este uso del cannabis, que sigue rigiéndose por una “normativa obsoleta y preconstitucional”, una ley de 1967 firmada por Francisco Franco y una orden anterior de 1963.

“Ahora en lo que estamos trabajando es en lograr un consenso fuerte”

Pero eso fue antes de las nuevas elecciones generales y de la constitución del gobierno progresista. Ahora, el Observatorio no se cierra a ninguna posibilidad de propuesta de regularización, integral o limitada al ámbito medicinal, siempre que no esté al servicio de la farmaindustria y deje fuera a los pequeños cultivadores. “Ahora en lo que estamos trabajando es en lograr un consenso fuerte, en conseguir un frente común amplio de todo el movimiento asociativo”, explica el portavoz de este grupo de expertos, Hugo Madera.

Catfac, la federación catalana que forma parte de la confederación estatal Confac, una de las más importantes del sector, también está por ese consenso de todo el movimiento asociativo que lucha desde hace muchos años por la regularización del cannabis en España. Su portavoz, Eric Asensio, asegura que entre la mayoría de las asociaciones ya hay un acuerdo sobre los aspectos fundamentales de una legalización, que, en una primera fase, debería centrarse en los clubes de usuarios y el autocultivo, así como en la derogación de los artículos la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza, que sanciona la tenencia y el consumo de cannabis en espacios públicos.

Según el portavoz de Catfac, el nuevo gobierno ofrece muchas más posibilidades

A juicio de Asensio, alcanzado ya ese mínimo consenso, lo que urge ahora es el establecimiento de unas líneas de acción conjunta de todo el movimiento asociativo para alcanzar los objetivos deseados, algo que su organización debatirá la próxima semana en su comisión gestora. En este momento, según el portavoz de Catfac, el nuevo gobierno ofrece muchas más posibilidades de emprender un proceso de regularización del cannabis, porque quienes lo sostienen defienden en su programa la legalización integral, como es el caso de Podemos, o han votado leyes en parlamentos autónomicos favorables a una desprohibición del uso de la marihuana, como PSC o PNV.

Por su parte, el Observatorio Español para el Cannabis Medicinal ya ha iniciado los contactos con algunos grupos parlamentarios para abordar la regularización del cannabis en esta nueva legislatura, ya que consideran que se trata de un asunto “superurgente”, que afecta a miles de personas en nuestro país y que no puede esperar más tiempo. Su presidenta, Carola Pérez, considera que hay consenso en el movimiento asociativo sobre los objetivos, aunque queda por ver aún la unión en torno a las estrategias para lograrlos.

Además, esta organización, que aboga por regular primero el cannabis para permitir un uso medicinal y luego abordar el recreativo, confía en que el nuevo ministro de Sanidad, Salvador Illa, acceda a recibirles, algo que no hicieron sus dos antecesoras en el cargo.

El cannabis como símbolo de consenso

El objetivo del grupo de expertos del Observatorio Europeo es abordar con las principales organizaciones, las que han presentado propuestas documentadas sobre la regularización del cannabis en España, algún tipo de iniciativa conjunta para planteársela a todos los grupos parlamentarios a principios de mayo, cuando se hayan cumplido los cien primeros días del nuevo gobierno. Según Hugo Madera, la comisión mixta Congreso-Senado sobre drogas sería el ámbito más apropiado para canalizar este tema y propiciar que los grupos pudieran llegar a algún tipo de acuerdo.

El consenso político, a juicio de Madera, es tan importante como el del movimiento asociativo para lograr avances sobre la regularización. “No queremos que el cannabis se convierta en una bandera de unos contra otros, sino que sea un símbolo de consenso. En otros países, hay partidos de todos los signos que están a favor y aquí debemos trabajar en eso. De esa forma, avanzaremos mucho más rápido”, señala el portavoz del Observatorio.

“No queremos que el cannabis se convierta en una bandera de unos contra otros”

En lo que respecta a la bancada azul del Congreso, las aspiraciones del movimiento asociativo tienen a su favor la propuesta de ley que elaboró Podemos a finales de 2018 para aprobar la regularización integral del cannabis, y en contra las declaraciones del reelegido presidente, Pedro Sánchez, que en su visita a Canadá en septiembre de ese año, cuando le preguntaron si España se convertiría en el segundo país del G20 –tras su anfitrión- en legalizar la marihuana, respondió: “Ya tengo suficientes problemas. Y ahí me quedo”.

En su propuesta de ley para regularizar el uso medicinal del cannabis en España, los expertos del Observatorio Europeo señalan que el ordenamiento jurídico imperante “propicia la criminalización de los usuarios del cannabis terapéutico”, que se ven expuestos a recurrir al mercado negro de sustancias sin control y manejadas por organizaciones criminales, cuando ha quedado ya demostrado en estudios clínicos la eficacia del tratamiento con componentes de esta planta para determinados síntomas y dolencias. Y como argumento sociológico, recuerdan que el último barómetro del CIS en el que se preguntó por este tema, en noviembre de 2018, el 84% de la población española se mostraba a favor de una regulación de estos usos medicinales.

La norma más avanzada en esta materia hasta la fecha en España la aprobó el Parlamento de Cataluña en 2017, una ley reguladora de las asociaciones de consumidores de cannabis, en la que se incluía el cultivo y transporte. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, tras un recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy, la  en 2018 al considerar que la norma invadía competencias del Estado en materia penal, fundamentalmente, la misma argumentación que ya había aplicado el TC en una resolución anterior sobre una ley similar del Gobierno navarro.

El Constitucional validó ese mismo año, en cambio, la norma emanada del Parlamento vasco que regula la labor de las asociaciones cannábicas en el marco de la Ley de Atención Integral a las Adicciones y Drogodependencias, al entender que se limita a establecer la función colaboradora de estas entidades con la administración sanitaria.

Al margen de esto, en España sólo está regulado el uso terapéutico de dos medicamentos hechos con cannabis, utilizados en el tratamiento de diferentes patologías, aunque su prescripción facultativa varía en función de los criterios establecidos en cada comunidad autónoma.